Por Ricardo Puentes Melo
Mayo 14 de 2012
Quedó en evidencia este gobierno con las palabras de la Canciller Holguín, quien prácticamente regala a Nicaragua nuestra soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y los otros islotes. Santos y la Holguín están dispuestos a hacer una atención socialista al violador de niñas, Daniel Ortega, tal y cómo otros gobiernos de la misma línea lo hicieron con Venezuela, al obsequiar importantes cayos al país vecinoPareciera que esta fuera una costumbre marxista, una deferencia entre comunistas que no obedece a un simple capricho sino al desarrollo de un libreto escrito a nuestras espaldas.
Todo este embrollo con Nicaragua se destapó en el 2001, cuando el gobierno de ese país inicia una demanda ante la Corte Internacional de Justicia desconociendo la dominación que tiene Colombia sobre los territorios antes mencionados.
Para quienes lo ignoren, los derechos de Colombia sobre el territorio insular del archipiélago tiene su sustento en la Real Orden de 1803, mediante la cual el rey de España quitó las islas del control de la Capitanía General de Guatemala (a la cual pertenecía la hoy Nicaragua), y lo pasó al Virreinato de Santa Fe (hoy Colombia), con todo incluido. Orden que fue ratificada en 1825. Precisamente, fue el general Francisco de Paula Santander quien defiende la soberanía nacional en 1821,y ordena izar la bandera tricolor en 1822, por primera vez, en el Fuerte de la Libertad, en una ceremonia donde se ratifica que las Islas de San Andrés, providencia y Santa Catalina pertenecen a la República de Colombia.
En 1894 Nicaragua insiste en que las islas son de su propiedad. En 1914 el gobierno nicaragüense intenta una burda jugada al pretender arrendar parte de los cayos al gobierno de Estados Unidos. El Congreso norteamericano descubre la jugada y niega tal posibilidad. En 1900, un arbitraje internacional ratifica que Colombia es dueña de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los otros islotes.
Entonces, en el año de 1928, los dos países firman en Managua el Tratado Esguerra-Bárcenas, donde se reconoce que Colombia es soberana desde el meridiano 82 hacia el este.
Pero como en ese año Nicaragua estaba ocupada por tropas de los Estados Unidos, ese es uno de los argumentos que esgrime hoy Daniel Ortega para desconocer la validez del tratado.
En 1980, el gobierno sandinista declara nulo el tratado Esguerra-Barcenas, e inicia una campaña mediática para robar los islotes a Colombia; modifica su mapa nacional e incluye en éste las islas de San Andrés. Y comienza de manera abusiva y provocadora la explotación de petróleo en ultramar, más allá del meridiano 82, en territorio colombiano. Colombia protesta, y Nicaragua suspende la licitación para la explotación petrolera solamente en el año 2002. No sobra recordar que esos mismos sandinistas, financiados por Pablo Escobar, envíaron a Colombia a un importante grupo de guerrilleros que fortalecieron las guerrillas de las FARC y del M-19. Varios de esos guerrilleros sandinistas participaron en el asalto al Palacio de Justicia en 1985.
Y llegamos al 2001, fecha que mencionamos antes, en la cual, el 5 de diciembre, el gobierno nicaragüense presenta ante la CIJ su demanda pidiendo a la Corte que defina los límites marítimos entre ambos países. Cosa que ya había sido definida años antes.
Desde ese momento, los sobresaltos diplomáticos en torno a este tema han sido recurrentes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez es evidente que hay una agenda internacional para despojar a Colombia, así que en julio de 2007 la delegación colombiana argumenta en esa primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, que dicho tribunal no tiene competencia para llevar la demanda limítrofe iniciada por Nicaragua.
Por ello, el 20 de julio de ese mismo año, el presidente Álvaro Uribe visita a San Andrés con todo su equipo ministerial, y con los altos mandos militares, al tradicional desfile de las Fuerzas Armadas que siempre se había dirigido desde Bogotá. Daniel Ortega se enfurece por la presencia del presidente en la isla.
Jacinto Suárez –magistrado nicaragüense, dice entonces que Colombia quiere desconocer la competencia de la CIJ porque teme quedar derrotada. Uribe se mantiene firme en su postura ante la CIJ y dice que su posición es jurñidica, y no de fuerza. Entonces, a los pocos días, la Corte Internacional de Justicia declara ser competente para este diferendo limítrofe, por ser ambos países miembros de la ONU, entre otras razones.
El asunto se complica en este punto porque si bien es cierto que Colombia y Nicaragua son miembros de la ONU, nuestro país es suscriptor de la Convención de Ginebra de 1958 (que trata sobre la Plataforma Continental), pero Nicaragua no fuer parte del mismo. De igual manera, Nicaragua es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, pero Colombia no. Esto conlleva profundos problemas jurídicos en cuanto a la obligación de ambas naciones a respetar ciertos tratados internacionales relacionados directamente con el diferendo limítrofe. Problemas que, en efecto, empoderan a la Corte Internacional de Justicia para decidir y borrar de un solo tajo, si les place, todos los tratados anteriores, incluido el Esguerra-Bárcenas, lo que resultaría desastroso para Colombia. (Vean toda la cronología del diferendo en: http://diferendocolombo-nicaraguense.blogspot.com/) Es entonces cuando llega al poder Juan Manuel Santos, y nombra de ministra de Relaciones Exteriores a una parienta suya, María Ángela Holguín.
Ambos son amigos de Hugo Chávez y de Daniel Ortega. Ambos están en la agenda socialista para América Latina. Ambos desprecian el sentido de la soberanía colombiana y del honor nacional. Ambos son enemigos del ejército de Colombia, y ambos han trabajado internacionalmente para el establecimiento de los diálogos con las guerrillas para dotarlos de teflón judicial mediante un indulto y amnistía que colocará a los terroristas en puestos de poder y control en nuestro país. Ambos quieren repetir el trágico ejemplo del M-19 que hoy, gracias a la infiltración a la que se dedicaron en todos los estamentos, tienen tras las rejas a nuestros más valientes combatientes contra la narcosubversión.
No nos extrañemos, pues, de las palabras de nuestra camarada canciller Holguín quien, con total desparpajo y cinismo dijo:
“Cualquier cosa puede pasar en esas posiciones salomónicas de la Corte (de la CIJ). Nunca una de las dos partes sale con las manos vacías”.
Y añade la sentencia contra Colombia: “Siempre al que demandan queda aburrido”
En otros términos , la camarada canciller nos está diciendo que Colombia perderá en esta demanda, pero que se debe aceptar la “salomónica” decisión de la CIJ, que –según parece- ya nos tiene la sentencia redactada.
Hay más. Periodismo Sin Fronteras pudo establecer que, aunque los jueces de la Corte Internacional de Justicia saben perfectamente que las islas son de Colombia, y que existe una tradición jurídica al respecto, algo les ha llamado poderosamente la atención. Y esto es que los gobiernos de Nicaragua, Ecuador, Venezuela, México, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y diez países más, han enviado cartas formales a la CIJ donde piden a ese organismo que falle a favor de Nicaragua y declaren que las islas e islotes son de propiedad de ese país. ¡Todos estos gobiernos dicen que eso es necesario para lograr la paz en el continente…!
Y el gobierno de Santos ha quedado mudo. No ha enviado una sola misiva ni ha mostrado interés alguno en conservar la soberanía de Colombia sobre el archipiélago. Los jueces de la Corte han comentado entre ellos su extrañeza por esta falta de cuidado y desapego del gobierno colombiano, e interpretan esto de dos maneras: O bien tienen un pacto secreto con Nicaragua para permitir que se apoderen de las islas porque ya no hay voluntad nacional para continuar con la tenencia de las islas, o hay cierta timidez del gobierno colombiano en defender esa soberanía porque saben que no tienen derecho moral sobre el archipiélago. Las palabras del juez fueron: “Colombia está muda en este caso…”
La camarada canciller sabe todo esto. Pero sigue muda. En la agenda diplomática no está el solicitarle a nuestros países aliados que envíen Cartas de apoyo a la CIJ para hacerle contrapeso a los gobiernos que se dicen amigos de Colombia pero que buscan nuestra ruina en contubernio del nuevo mejor compinche de Chávez y su prima la camarada canciller.
Para quien siga dudando del desastre que ha sido este gobierno, les queda esta reflexión. Y también la advertencia que nos deja nuestra propia historia: desde los años de Enrique Olaya Herrera hasta hoy, los gobiernos liberales y conservadores que han sido aliados del comunismo han ido despojando poco a poco a Colombia de su soberanía nacional para entregarla en manos de sus amigotes internacionales de francachelas y compañeros de causa.
Aquí hay una agenda internacional para expropiarnos; un complot del que increíble y lastimosamente hace parte este gobierno que encabeza Juan Manuel Santos pero que dirige desde las sombras Ernesto Samper Pizano.
Mientras nuestro ejército, defensor constitucional de esa soberanía mancillada, sigue siendo puesto en cárceles acusándolos de asesinos, los altos mandos guardan silencio para que sigan adornando sus uniformes con medallas o, en el mejor de los casos, para que no les quiten los contratos multimillonarios con los que se han enriquecido a costa de la vida de los soldados.
Por fortuna, aún quedan militares leales a la patria. Pero siguen demasiado indecisos como para alzar su voz. Ojalá cuando se decidan no sea demasiado tarde.
